La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, defendió la actuación de tres integrantes del Consejo General que fueron señalados por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ante autoridades de Estados Unidos por presuntos actos de “censura”.
Los consejeros señalados son Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, quienes participaron en decisiones relacionadas con contenidos difundidos por Moreno en redes sociales. El dirigente priista sostiene que las determinaciones del órgano electoral limitaron su libertad de expresión.
El conflicto se originó después de que el INE ordenara retirar publicaciones de Moreno en las que vinculaba a Morena y al gobierno con el crimen organizado. El PRI acusó entonces al organismo electoral de censura y de restringir el derecho de la oposición a cuestionar al gobierno.
Moreno llevó posteriormente sus señalamientos a Estados Unidos, donde presentó una queja ante el Departamento de Estado contra los tres consejeros. El dirigente priista ha argumentado que las decisiones del INE constituyen una afectación a la libertad de expresión y forman parte de lo que considera una persecución política contra la oposición.
Ante este escenario, Taddei respaldó la actuación de los consejeros y defendió la autonomía del organismo electoral. La presidenta del INE sostuvo que las decisiones adoptadas por sus integrantes forman parte de sus atribuciones institucionales y rechazó que las presiones provenientes del exterior deban interferir en las determinaciones de la autoridad electoral.
El episodio ocurre en un contexto de creciente confrontación entre el PRI y Morena, así como de una mayor internacionalización de las acusaciones de la oposición mexicana. Moreno ha recurrido en distintas ocasiones a instancias y actores políticos de Estados Unidos para exponer sus señalamientos contra el gobierno mexicano y denunciar lo que considera acciones autoritarias.
La controversia coloca nuevamente en el centro del debate la libertad de expresión de los actores políticos, los límites de la propaganda electoral y la autonomía del INE, asuntos que previsiblemente continuarán generando disputas rumbo al proceso electoral de 2027.