La entrega de monederos electrónicos con recursos de hasta 50 mil pesos a diputados federales de Morena ha generado cuestionamientos sobre la transparencia, el origen y la fiscalización del dinero destinado a los integrantes de la bancada en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con una investigación publicada por El Universal, 254 legisladores morenistas recibieron cinco tarjetas electrónicas de la empresa Broxel, cada una con un saldo de 10 mil pesos, lo que representaría un beneficio de 50 mil pesos por diputado.
La entrega se habría realizado el pasado 28 de octubre en las instalaciones de San Lázaro, mediante la coordinación administrativa del grupo parlamentario de Morena, encabezada por Faruk Miguel Take Roaro.
Los monederos corresponden a la modalidad denominada “Tengo Negocios”, un producto diseñado para la administración de viáticos y gastos empresariales. Entre sus características se encuentra la posibilidad de realizar retiros de efectivo y efectuar compras en distintos establecimientos.
Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la comprobación de los recursos. Según testimonios de legisladores citados por el medio, las tarjetas pueden utilizarse sin que exista la obligación de presentar comprobantes individuales sobre cada gasto.
Sin embargo, tras la publicación de la información, el coordinador administrativo de Morena reconoció la entrega de los monederos, aunque rechazó algunas de las cifras difundidas y aseguró que no fueron cinco tarjetas, sino tres por diputado, equivalentes a 30 mil pesos.
El funcionario argumentó que estos recursos forman parte de las prerrogativas ordinarias asignadas legalmente a los grupos parlamentarios para cubrir actividades complementarias de gestión legislativa, administrativas y de representación popular.
La entrega también ha despertado cuestionamientos entre especialistas en transparencia y rendición de cuentas, quienes consideran necesario revisar el origen presupuestal de los recursos y los mecanismos mediante los cuales se supervisa su utilización. Incluso se ha planteado la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para esclarecer el caso.
La polémica surge a pocos meses del inicio de los procesos electorales de 2027, por lo que el manejo de estos apoyos económicos ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la austeridad, la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos.
Por: Nexohits redacción