El Instituto Nacional Electoral (INE) vuelve a estar bajo cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas relacionadas con el pago de personal que, de acuerdo con señalamientos difundidos recientemente, habría recibido recursos públicos sin desempeñar de manera efectiva las funciones para las que fue contratado.
La denuncia apunta a ocho personas identificadas como presuntos “aviadores”, cuyos pagos alcanzarían aproximadamente 6 millones de pesos. Sin embargo, hasta el momento, esta cifra y la condición de “aviadores” atribuida a los trabajadores deben considerarse señalamientos y no hechos judicialmente comprobados.
Las acusaciones se producen en medio de cuestionamientos a la administración encabezada por Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE. En mayo pasado, una columna publicada por El Financiero señaló la existencia de presuntas plazas de “aviadores” dentro del organismo y afirmó que algunas estarían relacionadas con círculos de confianza de la presidenta del instituto.
El mismo reporte habló de más de 500 plazas presuntamente operadas mediante redes de confianza, aunque tampoco presentó dichas acusaciones como una resolución definitiva de una autoridad investigadora o judicial.
Cuestionamientos al manejo de recursos
Las nuevas acusaciones se suman a un debate más amplio sobre la transparencia y el manejo administrativo del INE. En febrero de 2026, información retomada de datos de la Plataforma Nacional de Transparencia señaló un incremento en las negativas del instituto a solicitudes de información bajo el argumento de confidencialidad.
También en marzo, la senadora Lilly Téllez acusó públicamente a Taddei y a personas de su entorno de presuntas irregularidades relacionadas con contratos, sobreprecios y supuestos “aviadores”. Estas afirmaciones corresponden a declaraciones de la legisladora y no equivalen por sí mismas a una resolución de responsabilidad administrativa o penal.
¿Qué tendría que comprobarse?
Para determinar si realmente existieron pagos indebidos por alrededor de 6 millones de pesos, sería necesario conocer los documentos de nómina, contratos, funciones asignadas, registros de asistencia o actividades realizadas y, en su caso, los resultados de una auditoría o investigación de las autoridades competentes.
La existencia de un pago a un trabajador del INE no demuestra por sí misma que se trate de un “aviador”. Para establecerlo se requiere acreditar que la persona recibió recursos públicos sin cumplir con las obligaciones correspondientes.
Hasta que exista una investigación oficial que determine responsabilidades, las acusaciones deben manejarse bajo el principio de presunción de inocencia.
El caso coloca nuevamente bajo los reflectores la necesidad de transparencia en el uso de los recursos públicos y de que cualquier irregularidad dentro del órgano electoral sea investigada y, de comprobarse, sancionada conforme a la ley.
Por: Nexohits redacción
SEÑALAN PRESUNTOS PAGOS POR 6 MDP A OCHO “AVIADORES” LIGADOS AL ENTORNO DE TADDEI EN EL INE
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