PAN LANZA GOLPE AL NARCOPODER: PROPONE HASTA 140 AÑOS DE PRISIÓN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para endurecer las sanciones contra servidores públicos que se coludan, colaboren o faciliten actividades del crimen organizado.

El proyecto plantea establecer penas de entre 80 y hasta 140 años de prisión, además de multas de hasta 24 mil días, para quienes incurran en las conductas previstas en la propuesta. También contempla que estos delitos sean imprescriptibles.

La iniciativa propone reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de sancionar los vínculos entre integrantes de organizaciones criminales y funcionarios que utilicen sus cargos o las instituciones públicas para favorecer actividades delictivas.

De acuerdo con el planteamiento presentado por el diputado panista José Manuel Hinojosa Pérez, las sanciones buscarían aplicarse cuando exista colaboración de servidores públicos con organizaciones criminales para influir en decisiones de autoridades, afectar instituciones democráticas o intervenir en procesos electorales.

El coordinador de la bancada del PAN, Elías Lixa Abimerhi, señaló que la propuesta busca combatir lo que el partido denomina la “era de los narcopolíticos” y establecer sanciones consideradas ejemplares para quienes utilicen las estructuras del Estado en beneficio de grupos criminales.

La propuesta contempla que las sanciones también puedan alcanzar a integrantes del crimen organizado que atenten contra instituciones democráticas mediante acciones destinadas a influir en las decisiones de los poderes del Estado o en los resultados de elecciones.

El proyecto deberá seguir el proceso legislativo correspondiente y ser analizado por el Congreso. Por ahora, se trata de una propuesta del PAN y las penas de hasta 140 años no forman parte de la legislación vigente. El registro legislativo de la Cámara de Diputados señala que una iniciativa con este contenido se encuentra pendiente de resolución.

Con esta propuesta, Acción Nacional busca colocar nuevamente en la agenda legislativa el endurecimiento de las penas contra la presunta colusión entre funcionarios públicos y organizaciones delictivas, en un contexto de debate nacional sobre la infiltración del crimen organizado en las instituciones.