BUKELE EVALÚA LIBERAR A LA MITAD DE LOS PRESOS EN EL SALVADOR

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que su Gobierno analiza un plan de liberación anticipada y condicional que podría beneficiar a cerca del 50 % de las personas detenidas por presuntos vínculos o colaboración con pandillas durante el régimen de excepción. La propuesta abarcaría a una parte de los más de 92 mil detenidos desde que comenzó esta política de seguridad en marzo de 2022.

El mandatario explicó que la medida estaría dirigida principalmente a personas cuya participación en las actividades de las pandillas habría sido limitada. Durante una conferencia de prensa, señaló que no todos los casos de colaboración tienen el mismo nivel de responsabilidad y que las circunstancias individuales deberán tomarse en cuenta para determinar quiénes podrían acceder al beneficio.

Bukele puso como ejemplo la diferencia entre una persona involucrada en delitos graves y otra que, bajo la influencia o el control territorial de las pandillas, cumplía funciones menores, como alertar sobre la presencia de policías. Según su planteamiento, el grado de participación sería uno de los factores para evaluar las posibles liberaciones.

El presidente aclaró que la propuesta no representaría una absolución de los delitos atribuidos a los beneficiarios. Las personas que obtuvieran la libertad anticipada continuarían sujetas a condiciones y mecanismos de vigilancia, aunque el Gobierno todavía no ha detallado cuáles serían las restricciones específicas ni cómo se supervisaría su cumplimiento.

De acuerdo con la información difundida por EFE, las autoridades estarían revisando los expedientes de los detenidos mediante una comisión que examina los casos de manera individual. Sin embargo, hasta este 14 de octubre no se han dado a conocer todos los criterios de selección, los plazos para resolver las revisiones ni una fecha oficial para comenzar a ejecutar el programa.

El anuncio se produce después de más de cuatro años de aplicación del régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 tras una escalada de violencia atribuida a las pandillas. La medida permitió ampliar las detenciones y suspender determinadas garantías constitucionales, como parte de la estrategia gubernamental para combatir a las estructuras criminales.

Desde entonces, el Gobierno salvadoreño ha defendido esta política por la reducción de los homicidios y el debilitamiento de las pandillas. No obstante, organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, presuntas torturas, muertes bajo custodia estatal y dificultades para garantizar el debido proceso de las personas encarceladas.

La organización humanitaria Socorro Jurídico ha documentado denuncias relacionadas con personas que habrían sido detenidas injustamente. Por su parte, organismos internacionales y especialistas en derechos humanos han expresado preocupación por las condiciones de reclusión y las garantías judiciales durante la aplicación de las medidas extraordinarias.

La posible liberación también abre interrogantes sobre los mecanismos utilizados para determinar la culpabilidad, revisar las pruebas y diferenciar a quienes participaron directamente en actividades criminales de quienes habrían colaborado bajo circunstancias de presión o control territorial. La transparencia del proceso será un elemento relevante para conocer cómo se tomarán estas decisiones.

Por ahora, el Gobierno de Bukele no ha confirmado cuántas personas saldrían de prisión ni cuándo podría comenzar la liberación anticipada. La cifra cercana al 50 % corresponde a una estimación mencionada por el mandatario y no a un número definitivo de beneficiarios. Mientras tanto, el régimen de excepción continúa vigente y las autoridades mantienen su estrategia contra las pandillas.

Por: Nexohits redacción