El gobierno de Estados Unidos afirmó que el Cártel de Sinaloa no podría mantener sus operaciones sin la presunta colaboración de funcionarios corruptos, declaración que se dio a conocer el mismo día en que Rubén Rocha Moya retomó sus funciones como gobernador de Sinaloa, después de 112 días de licencia.
De acuerdo con información difundida por medios mexicanos, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense señaló que la corrupción dentro de las instituciones públicas constituye un elemento que permite a las organizaciones criminales mantener y ampliar sus actividades.
La declaración ocurre en un contexto particularmente sensible para Sinaloa. En abril pasado, autoridades judiciales de Estados Unidos acusaron formalmente a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa identificada como Los Chapitos. Las acusaciones incluyen delitos relacionados con narcotráfico y armas.
El expediente estadounidense sostiene que integrantes del grupo criminal habrían contado con protección y colaboración de servidores públicos para facilitar sus actividades, entre ellas el tráfico de drogas, además de obtener información sobre operativos de seguridad. Estados Unidos también ha señalado que algunos funcionarios presuntamente recibieron sobornos a cambio de favorecer las operaciones del grupo.
Rubén Rocha Moya ha rechazado de manera reiterada las acusaciones formuladas en su contra por Estados Unidos. Tras anunciar su regreso al gobierno estatal, sostuvo que es inocente y que no existen elementos que demuestren los señalamientos en su contra.
El mandatario había solicitado licencia temporal mientras se desarrollaban las investigaciones relacionadas con las acusaciones estadounidenses. Durante ese periodo, la Fiscalía General de la República recibió información y realizó diligencias relacionadas con el caso.
Su regreso al cargo fue calificado por el gobierno federal como una decisión personal, de acuerdo con declaraciones de la Secretaría de Gobernación.
La situación ha generado atención tanto en México como en Estados Unidos debido a que las acusaciones involucran a funcionarios de distintos niveles del gobierno de Sinaloa.
Entre los señalados por las autoridades estadounidenses se encuentran, además de Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el entonces alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros funcionarios y exfuncionarios. Todos los señalados cuentan con el derecho a defenderse y las acusaciones estadounidenses no equivalen por sí mismas a una sentencia condenatoria.
El caso también se desarrolla mientras autoridades mexicanas investigan otros hechos relacionados con la violencia y presuntos vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales en Sinaloa.
La declaración de Washington coloca nuevamente en el centro del debate la presunta penetración del crimen organizado en instituciones públicas y aumenta la presión sobre las autoridades mexicanas para esclarecer las acusaciones.
Por ahora, Rocha Moya continúa al frente del gobierno de Sinaloa y mantiene su postura de negar cualquier vínculo con el Cártel de Sinaloa, mientras las investigaciones y procesos derivados de los señalamientos continúan.